Presión fiscal y rentas bajas
A día de hoy hay en España una corriente que protesta porque según ella vivimos en un “infierno fiscal” en que dedicamos una parte muy grande de lo que ganamos a pagar al Estado. Lo que se le puede contestar, y a veces se le contesta, es que la presión fiscal es más baja en España que en la media de la UE.
No es incorrecto decir eso, pero sería más fácil convencer
en favor de los impuestos, no sólo si se buscara gastar mejor y eliminando
corrupción, sino también si se repartiera de forma justa la carga fiscal.
Porque sí, el reparto actual de la presión fiscal no es progresivo aunque en
teoría tendría que ser así incluso según la Constitución. Como se ve en este
gráfico (1) en 2022 el porcentaje de pago de impuestos y Seguridad Social va
aumentando según la renta solo hasta cierto punto, y a partir de ahí disminuye
abruptamente. Disminuye tanto que el 1% con más ingresos sólo pagó un 24,1%
mientras que el 20% con menos ingresos pagó un 27,5%.
Aún se habla bastante (aunque debería hablarse más) de como
hacer que los más ricos paguen más. Pero apenas se habla de como hacer que los
más pobres paguen menos. Precisamente estos días saltó esta cuestión al debate
público con la discusión sobre si debe pagar IRPF el salario mínimo. Creo que
lo justo es que el SMI no pague IRPF, sobre todo porque por mucho que se diga
que “todos tenemos que contribuir”, el no tributar IRPF no implica que no se paguen otros tributos como Seguridad Social e IVA.
Además de tener un importante mínimo bajo el cual no se
pague IRPF, hay otros cambios que habría que hacer para que las rentas bajas
paguen menos. Uno de ellos está en las cotizaciones a la Seguridad Social:
sería importante que pagaran menos especialmente los autónomos de ingresos más
bajos. Algo se ha hecho para hacer menos desproporcional la cotización de ha
autónomos, pero la cagaron añadiéndole un así llamado “Mecanismo de Equidad
Generacional” que no era necesario para nada. Por otra parte, si estos autónomos
cotizaran mucho menos, también ganarían muchos menos derechos, por lo que
habría que crear una protección social extra para ellos con cargo a impuestos.
Otro cambio que habría que hacer tiene que ver con el IVA.
Se podría bajar el IVA de los productos más básicos, lo que beneficiaría en
mayor proporción a la parte más pobre de la población. Sin embargo, esto tiene
un problema. Dada la escasa competencia en muchos mercados, cuando se le quita
el IVA a los productos las empresas vendedoras se aprovechan y suben el precio
absorbiendo la bajada del impuesto, como se vio estos años en España con los
supermercados.
La forma de solucionarlo sería poniendo controles de precios
a productos concretos, que serían los que recibirían la bajada de IVA, y aunque
se suele pensar que esta medida es un desastre, lo cierto es que todas
las economías de la UE controlan más precios que España. Además el control no
tiene porque ser poner de tope un precio concreto sino también puede ser una
limitación del margen de beneficio. Decir también que centrar esta política en
relativamente pocos productos pero ampliamente consumidos la haría más fácil de
gestionar que si hubiera que topar muchos bienes.
